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    29 de noviembre de 2017
Diversas posturas del gobierno sobre el juez Villanueva
 Marcos Peña criticó al magistrado "por no haber podido asegurar las pruebas para saber que pasó" mientras que German Garavano puso paños fríos. 

El jefe de gabinete, Marcos Peña, sumó este martes su cuestionamiento al de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el juez federal Gustavo Villanueva por "no haber podido asegurar las pruebas para saber qué pasó" en el operativo de desalojo por Prefectura del predio ocupado por mapuches el sábado último en la zona del Lago Mascardi, donde el joven Rafael Nahuel resultó ultimado de un balazo calibre 9 milímetros.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, Peña sostuvo que el grupo que se instaló en ese lugar "se ha caracterizado por su violencia". "Estamos hablando de un operativo ordenado por un juez y una fiscal, y no es lo ideal que en una circunstancia así no se pueda ir al lugar y consolidar las pruebas y la información para poder completar el objetivo de la manda judicial", señaló Peña.

El no haber podido garantizar la conservación de pruebas "genera una preocupación" en el gobierno, reconoció.Asimismo, explicó que el gobierno "pasó el tema indígena al Ministerio de Justicia, sacándolo de la mirada asistencial", destacando que se avanzó en el "relevamiento de tierras y se ha prorrogado la ley para que no se avance en los desalojos".

"Distinta es la cuestión de este grupo violento" que "se niega al diálogo", mientras "la mayoría de la comunidad local no acompaña el accionar violento", que se tradujo en "más de 70 atentados", señaló Peña. Estas aseveraciones del jefe de Gabinete contrastan con consideraciones formuladas previamente por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien en declaraciones radiales había salido a bajar la tensión con el juez Villanueva.

El funcionario había afirmado que no hay "molestia" del gobierno con el juez, minimizando así la advertencia de la ministra Bullrich respecto de que las fuerzas de seguridad no acatarían restricciones operativas pactadas entre el juez y los ocupantes del predio. "Esa molestia hoy no es tal. Sí es clara la posición del gobierno en cuanto a no volver a tolerar que personal civil termine palpando de armas a personal de las fuerzas de seguridad y que un juez no tenga autoridad sobre un lugar", señaló Garavano.

No obstante, el ministro reconoció que el predio en cuestión es "un lugar difícil" y "muy hostil", por lo que el juez teme "consecuencias mayores". "Los prefectos hablaban de un grupo de veinte personas en ese lugar", explicó el titular de la cartera de Justicia, remarcando que "el desafío que tiene el juez es el de identificar a estas personas, lograr su detención y clarificar esta cuestión".

Según el ministro, "este grupo tiene vinculación con el que afectó la escena del crimen y obstaculizó el accionar de la Justicia en la investigación de Santiago Maldonado".



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